Neoliberalismo e Instituciones Nacionales en México. El caso INAH:


En breves líneas expongo mi percepción. Los datos pueden consultarse en http://www.investigadoresinah.org.mx/


El 20 de setiembre del 2005 la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura fue enviada por el Ejecutivo al Congreso. Dicha Ley genera temor en la comunidad que integra el INAH pues pretende debilitar a esta emblemática y fundacional institución para plegarla y someterla a la estructura administrativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presidido por Sari Bermúdez, poniendo con ello en riesgo su autonomía técnica y personalidad jurídica propia.
Se intuye la desaparición, como ocurrió ya con el Instituto Nacional Indigenista (INI). Cuando éste fue sustituido mediante decreto presidencial por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Y estos miedos se relacionan con los siguientes puntos:

Desde la creación del Conaculta, trabajadores e investigadores tanto del INAH como del INBA se oponen a que el Conaculta -creado por decreto presidencial- se sobreponga a los institutos. Es decir, resulta ilógico que un Consejo Nacional de 1988, dirija instituciones herederas de la revolución mexicana, es decir sesenta años antes de CONACULTA, quien no tiene la experiencia ni la presencia histórica requerida.

Se tiene presente el notable antecedente de la creación de dos de las más relevantes instituciones culturales del país: el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ese Honorable Congreso en uso de las facultades que le otorga la fracción XXV del artículo 73 constitucional para legislar sobre instituciones culturales, dotó a ambos organismos con las características y atributos necesarios para el cumplimiento de su objeto. Esta soberana decisión constituyó entonces el parteaguas para reflejar la nueva autonomía de las instituciones culturales respecto de las educativas, desde el punto de vista de su especialización en el ámbito de sus respectivas materias, pero vinculadas permanentemente a la educación al permanecer dentro de la Secretaría de Educación Pública.

Por lo tanto, se propone que esta sea la vía idónea para otorgar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de las capacidades suficientes para fortalecer sus atribuciones, la permanencia institucional para asegurar su actuación y compromisos, así como las bases de organización para cumplir con mayor eficacia sus responsabilidades.

Este fragmento de ley, sostiene un CONACULTA con capacidad jurídica con ambas instituciones, ¿pero quién dijo que es necesario tal fortalecimiento de atribuciones?

Varios sectores del INAH, desconocieron al Rest. Luciando Cedillo. Acción acertada puesto que a la fecha han habido más obstaculos que aciertos, y la principal demanda es que se pronuncie contra tal Ley de Cultura, y sólo lo hace de forma verbal pero no escrita.

A principios de año, Luciano Cedillo, director general del INAH, informó a la prensa que desde hace más de 15 años el instituto arrastra un déficit de 340 millones de pesos, relacionado con prestaciones laborales. Anunció entonces acciones para subsanarlo, entre ellas la fusión de áreas y el posible despido de personal. Y así los trabajadores de contrato o sea, los llamados "compactados" no tuvieron aguinaldo sino hasta finales de enero del 2006 y muchos ya no regresaron a sus actividades.

Entonces si el mismo Director del INAH no desconoce, quizá la sociedad mexicana crea que está aceptandose tal ley. Es mentira pura.


Para no cansar:
A la fecha (marzo 2006) se ha analizado con profundidad por distintos investigadores y juristas, la mayoría concuerda en que es cuestionable una propuesta como ésta y no debe votarse a favor.
Siento que todo mexicano, independientemente de conocer al INAH, al CONACULTA, si sabemos qué es Neoliberalismo, de cómo a México se lo está comiendo en cada rincón, , si leemos o no, si a un sitio arqueológico le decimos ruina o pirámide. Independientemente de esto y más:
Debemos decir que esta Iniciativa es de Incultura, es demagógica porque aseguran que consideran la participación ciudadana y no es verdad. Los directivos de CNCA ignoran de manera deliberada las discusiones de los foros, de las publicaciones en medios de comunicación. No aceptan estar proponiendo una Ley que privatizará el patrimonio arqueológico, arquitectónico, antropológico e histórico de México y al pueblo le cerrará las puertas al disfrute de estos bienes que son derechos civiles.